Ante la designación que realizó el Departamento del Tesoro de los EEUU, que la empresa Inrimar era propiedad de “Los Cachiros” y uno de los mayores lavadores de dinero, el gobierno procedió a cancelar todos los contratos. En respuesta, “Los Cachiros” demandaron al Estado por sumas millonarias.

En el 2013, los EEUU comunicó: “El Departamento del Tesoro anunció la designación de siete individuos y cinco empresas ligadas a la organización de tráfico de drogas hondureña “Los Cachiros”. Los individuos designados incluyen los líderes de “Los Cachiros”, los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Lionel Rivera Maradiaga, quienes juegan un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.

“El Departamento del Tesoro también designó como socios a los siguientes, entre los que se encuentran familiares de los hermanos, por el papel que desempeñan en apoyar las actividades del tráfico internacional de narcóticos de los hermanos y la organización: Santos Isidro Rivera Cardona (padre), Esperanza Caridad Maradiaga López (madre), Maira Lizeth Rivera Maradiaga (hermana), Santos Isidro Rivera Maradiaga (hermano) y Bismarck Antonio Lira Jiron (líder de una célula nicaragüense para “Los Cachiros”).

En calidad de empresario, la empresa Inrimar obtuvo contratos con el Fondo Vial. LA TRIBUNA tuvo acceso a documentos oficiales de pagos que el Estado de Honduras hizo entre 2012 a 2016, a la empresa Inrimar, propiedad de los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cartel de “Los Cachiros”.

En total, Inrimar recibió entre 2012 y 2016, 51 millones, 534 mil, 744 lempiras con 42 centavos (L51,534,744.42).

Estos pagos, por concepto de proyectos carreteros, se dieron de la siguiente forma:
2012: Fondo Vial (L6,460,099.38)
2013: Insep: (L9,269,350.00)
Fondo Vial (L614,460.00)
Fondo Vial (L9,394.628.23)
2014: Fondo Vial (L994,049.22)
2015: Insep (L16,034,943.75)
Fondo Vial (L5,716,042.18)
2016: Insep (L3,051,171.66)
TOTAL: L51,534,744.42

Aunque en 2014, 2015 y 2016 hubo cuatro pagos a la empresa Inrimar, estos correspondían a obras ejecutadas para la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), en 2012 y 2013.

Al asumir el Presidente Hernández, la suma de lo adeudado ascendía a 24 millones 800 mil lempiras.

Después de trascender que la empresa Inrimar pertenecía a “Los Cachiros”, de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las autoridades de la nueva Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), se negaron a efectuar la deuda que el Estado tenía con los Rivera Maradiaga, desde la administración anterior.

En los informes de la Secretaría de Seguridad, se establece que desesperados los Rivera Maradiaga, llamaron al oficial de la Policía, Juan Manuel Ávila Meza, para que les ayudara a solucionar el problema.

En los informes de Seguridad, se establece que Ávila Meza era el encargado de conseguirles los abogados a la familia Rivera Maradiaga.

En 1999, Ávila Meza fue suspendido de la institución policial, según registros de la Comisión Depuradora, luego de que su esposa, Miriam Gutiérrez, fuera condenada por fraude fiscal. Durante su suspensión, el oficial inició sus estudios de Derecho, mismos que continuó hasta graduarse.

Mientras estudiaba leyes, Ávila Meza demandó al Estado exigiendo su incorporación a la Policía, lo que logró finalmente en 2011. Para ese entonces, ya era uno de los abogados de “Los Cachiros” en Colón.

GESTIÓN PARA PAGO DE 24 MILLONES

“Los Cachiros” también le pidieron a Ávila Meza -quien hoy guarda prisión en una cárcel de Estados Unidos-, para que gestionara el pago de la deuda de proyectos ejecutados por Inrimar para Soptravi.

Para ello, Ávila Meza y Carlos Valladares, (policía sentenciado en Estados Unidos a catorce años de cárcel), decidieron buscar a un contacto que les ayudara a gestionar el pago en el gobierno. Para ello llamaron a “Tony” Hernández, quien fue citado a Dennys, un concurrido restaurante cerca del aeropuerto Toncontín.

Al llegar a la reunión “Tony”, no sabía quiénes estarían, y tal como lo declaró Rivera Maradiaga, en su reciente testimonio en NY, era la primera vez que veía a Juan Antonio. Rivera Maradiaga era informante de la DEA (Administración para el Control de Drogas), y grabó la reunión.

“Tony” nunca gestionaría el pago de la deuda. Tal como lo reconoció “El Cachiro”, quien nunca más supo de Juan Antonio.

Molestos, “Los Cachiros” le pidieron a Ávila Meza que contactara abogados para demandar al Estado de Honduras.

CORTADOS

En los documentos en poder de LA TRIBUNA, el gobierno de JOH “cortó” todos los contratos de Inrimar, pues según los EEUU, a través de esa empresa había lavado de activos. Los Cachiros no volvieron a tener contratos con el Estado.

No fueron los únicos afectados, pues el hermano de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso y cabecilla del cartel AA, Hugo, fue despedido de su cargo de director del Fondo Vial.

Bajo la dirección de Ardón, el Fondo Vial, según un informe de Transparencia en el Sector de la Construcción (Iniciativa COST), “era un nido de corrupción pues concedía los contratos de manera irregular”.

Según los detalles de los registros, “los pagos efectuados en los años 2015 y 2016 eran pagos pendientes a favor de inmobiliaria Rivera Maradiaga, que fueron cargados en los años 2012 y 2013″.

“Estos montos fueron embargados y pagados, conforme a demanda promovida por la abogada Fanny Paola Flores Navarro en su condición de representante procesal de la empresa FCC Constructoras contra la sociedad denominada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, SA de CV a través de su gerente general Fausto de Jesús Turcios”.

En carta del 24 de marzo del 2015 dirigida a Roberto Ordóñez, ministro de Insep en ese entonces, se le informa que “Inmobiliaria Rivera Maradiaga, SA de CV se encuentra embargada en la Tesorería General de la República”.

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